Las medidas contra Tato Romero Feris de un sistema judicial defectuoso y oscuro

La Comisión Interamerica­na de Derechos Humanos ya dictaminó que la detención del ex gobernador de la pro­vincia y dos veces intendente de la ciudad de Corrientes, Raúl Rolando “Tato” Romero Feris es “ilegal y arbitraria”, más aún el organismo con­cluyó luego de una investiga­ción y análisis de las causas que lo involucran, en que lo actuado en su contra “ha sido violatorio del debido pro­ceso” y fundamentalmente del “principio de presunción de inocencia”.

Como con­secuencia de este gravoso cuadro, el Estado argentino ha recibido una sanción que podría resultar inusualmen­te dura, en lo material, pero especialmente en lo que hace a la imagen del país frente al mundo.

La Corte Interameri­cana de Derechos Humanos, donde está radicado ahora el expediente, dictaminará -más temprano que tarde- los alcances de la condena. La lectura de los hechos es inequívoca: Tato ha sido ilegalmente detenido (y así continúa) y la Argentina reci­birá una condena internacio­nal por este atropello.
Sin embargo ninguno de estos pronunciamientos, que tienen una envergadura que trasciende las fronteras del país y una contundencia indiscutible, parecen hacer entrar en razón a los acto­res del Poder Judicial de la provincia de Corrientes que vienen hilvanando desde 1999 -hace casi 20 años- una retahila de tropelías contra la figura del ex mandatario correntino. A esta altura Tato Romero Feris es víctima de un sistema defectuoso que ni siquiera reconoce la autori­dad de un organismo supra­nacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que le está marcando los errores.

“Se violaron los derechos a las garantías judiciales y de protección judicial”, denun­ció el Cidh en su último dic­tamen condenatorio contra el Estado de Argentina. Esa condena es todo mérito de los magistrados de la provin­cia de Corrientes.

Evidentemente la Justi­cia correntina ha perdido el juicio. Se nota además con la seguidilla de fallos -contrario a Derecho- una maniobra intencionada por tener a Romero Feris en prisión, situación que el líder del Partido Nuevo ha definido como una perse­cución política.

Hay una oscuridad en el Poder Judicial que es cada vez más notoria, ya no se trata de una percep­ción social ni la evaluación de abogados defensores ni una interpretación política, es la descripción que surge de contrastar la conducta de los jueces correntinos fren­te a la conclusión a la que ha arribado la Comisión In­teramericana de Derechos Humanos y la orden que ha dado para que se subsane la grave injusticia que están co­metiendo.

La Jueza de Ejecución de Condena, María Teresa Za­carías de González, parece ser la portaestandarte de esa falange de oscuridad donde se decide sobre la libertad, los bienes y el honor de las personas. “O no tiene claro lo que dictaminó la Comisión Interamericana, no tiene ca­pacidad para comprender la magnitud de lo que está su­cediendo o tiene mala inten­ción”, evalúan en el entorno de la defensa técnica de Ro­mero Feris. Los abogados no comprenden por qué persiste en el error.

Posiblemente la jueza Za­carías sea solamente un ins­trumento que está siendo gobernado por otros perso­najes que se refugian en la oscuridad del sistema. Triste misión para una profesional que juró velar por el Dere­cho. Como sea, la señora es en este momento el rostro de esa oscuridad que violenta los derechos humanos de un ex gobernador.
En el transcurso de esta semana, la jueza dispuso una serie de medidas arbi­trarias que colisionan con las órdenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La acción tiene todas las connotaciones de una caprichosa persecución, como por ejemplo pretender tratar a Romero Feris como si fuera un reo dispuesto a fugarse, cuando ha venido dando muestras desde hace dos décadas que no piensa abandonar Corrientes. “Me he quedado a dar batalla con la verdad, pese a todo el daño que me han hecho”, dijo en reiteradas ocasiones el líder del Partido Nuevo.
La última insólita disposi­ción de la jueza es impedirle a Romero Feris una salida por un par de horas de su pri­sión domiciliaria, pedido que fue formulado con anticipa­ción por las vías que corres­ponden. La misma jueza que ha eludido sistemáticamente evaluar los asuntos de fondo en la causa de Tato (sin si­quiera contestar) se toma su tiempo para negar una salida transitoria, que conforme al régimen procesal el hombre tiene asegurada.

Este cúmulo de pruebas engrosan una carpeta que en breve podría transformarse en una denuncia penal con­tra la jueza de Ejecución de Condenas, María Teresa Za­carías de González. El tema está en manos de los aboga­dos de Romero Feris y no se descarta que sea anunciado el próximo martes en la con­ferencia de prensa que darán para explicar el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Zacarías está a tiro de una denuncia por denegación de justicia”, entre otras figuras penales, explicó un aboga­do. Los manuales describen que es la conducta “de los jueces que se niegan a juz­gar so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley (…) y retardan maliciosa­mente la administración de justicia”.s

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