La descomposición lleva tiempo

Embarrado hasta la coronilla de sospechas, que ha venido acumulando desde hace bastante tiempo con una asombrosa inmunidad frente a las denuncias, el juez federal de primera instancia de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila, ha quedado ahora en la mira de la Justicia, de sus pares, juez y fiscales federales porteños que investigan las ramificaciones del narcotráfico en la provincia a partir del megaoperativo Sapucay que se ejecutó en la localidad de Itatí en marzo de 2017 y desnudó el vínculo de la mafia de la droga con efectivos de la Policía correntina, con hombres de fuerzas de seguridad nacional, con dirigentes de la política y por lo que se olfatea, también con funcionarios de la Justicia. Es lógico, un negocio de tamaña envergadura no es posible sin el concurso de complicidades en distintos estamentos. Desde Itatí distribuían marihuana a siete provincias.

Tejer un entramado mafioso debe llevar años, además -por supuesto- de muchos recursos. Parece poco probable que una red multidisciplinaria de cómplices como la que habían conseguido entrelazar los capos narco de Itatí, se entrelazara de un día para el otro. La apatía que exhibían los organismos del Estado, provincial y nacional, frente a las denuncias de los pobladores de la localidad, y en espacial los representantes de la Iglesia católica, explican la urdimbre secreta que hoy sale a la luz. La descomposición llegó a una profundidad que todos imaginaban, pero nadie se atrevía a tocar. La causa Sapucay, que consta de casi 40 expedientes encadenados, tiene 132 imputados de toda laya (funcionarios municipales, policías, gendarmes), y desde ayer hay que sumar a ese listado al magistrado correntino de doble apellido y extensa permanencia en la poltrona del Juzgado Federal de esta ciudad. Carlos Soto Dávila está acusado de encabezar una asociación ilícita, en la que también aparecen involucrados dos de sus secretarios (que ya fueron detenidos) Pablo Molina y Federico Grau, además de un puñado de abogados del foro local. Según la imputación que le hizo el juez federal Sergio Torres, con asiento en tribunales de Comodoro Py, la organización se dedicaba a beneficiar con sus resoluciones a narcotraficantes. Además de las delaciones de varios narcos detenidos, hay escuchas telefónicas que salpican al juez correntino y a su séquito. La sospecha no es nueva, en este caso puntual viene del año pasado, cuando varios fiscales federales correntinos le iniciaron una causa por entregarles automóviles de alta gama a narcotraficantes por vías ilegales y con documentos falsificados. En esa misma causa fue imputado y procesado su secretario penal Pablo Molina. En noviembre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes efectivizó una imputación en su contra por estafa procesal, cohecho y falsedad ideológica. Este diario ha venido cronicando regularmente el albur del Juzgado Federal Nº1. Más aún, NORTE de Corrientes repasó en octubre de 2015 las causas que el juez Soto Dávila tenía abiertas en el Consejo de la Magistratura y que nunca fueron analizadas. A cualquier otro magistrado semejante mochila le hubiera costado el cargo, pero el hombre es de amianto, está en el sillón desde 1996. En 2003 ya lo habían acusado por algo parecido, en aquella oportunidad su secretario penal era Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, quien también fue procesado. Zafaron. No pasó nada. Fresneda es hoy el candidato a ocupar el cargo de Juez Federal de Paso de los Libres, lo impulsa Ricardo Colombi, quien fue grabado operando para forzar su nombramiento. Soto Dávila lleva 22 años en el sillón, la Justicia (ojalá que no sea “su” Justicia) resolverá si es responsable. Por lo pronto queda en evidencia que el sistema tiene una gruesa falla, no se puede seguir eternizando en el cargo a los magistrados. s

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