Ilegalidad y riesgo ambiental

La página web del Plan Belgrano, que dirige el radical correntino Carlos José Vignolo (alias: el “mono todoterreno”) consigna en la agenda de obras pendientes de ejecución en la provincia de Corrientes a la planta de tratamiento de líquidos cloacales proyectada para Santa Catalina con una inversión millonaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El viernes, el gobernador Gustavo Valdés recibió en su despacho al secretario de Infraestructura y Políticas Hídricas de la Nación, Pablo Bereciartúa, con quien habló -dicen las versiones periodísticas- de esa obra, que fue anunciada hace un año en el cierre de la campaña para las elecciones municipales de Corrientes y que terminó con el triunfo de Cambiemos. Desde entonces el proyecto ha sumado únicamente tropiezos y se encuentra sumergido en un pantano de irregularidades. Así será difícil que prospere.

Si las autoridades interesadas en el emprendimiento -que es muy importante para la ciudad- no sanean la situación por la vía de la legalidad, la planta cloacal llevará para siempre una mancha que es corrosiva para las instituciones, y lo que es peor, si no se corrigen detalles técnicos de la obra, que son esenciales, se podría ocasionar un grave perjuicio a la comunidad. El peligro de contaminación ambiental está latente. La obstinación no es buena guía, funcionarios de los ejecutivos y los legisladores deberían prestar atención a los especialistas. A su vez, los jueces y sobre todo los fiscales que tienen la obligación de investigar, deberían estar atentos a lo que sucede con este proyecto, la salud de la población está en juego. Incluso la propia salud de los magistrados depende de que cumplan responsablemente con su tarea. El problema es que están tratando de ejecutar una obra -sensible- sin los resguardos ambientales indispensables, además se saltaron pasos legales que son de rigor. En pocas palabras, después de la promesa hicieron todo mal. La historia comienza en junio de 2017 cuando el mencionado Bereciartúa anuncia la futura construcción de la planta de tratamientos cloacales en Santa Catalina, fue durante la veda de las elecciones de las que resultaría victorioso Eduardo Alberto Tassano. El hecho es que la alineación Nación, Provincia, Municipio, en lugar de asfaltar el camino, tal como se promocionaba, en este caso tuvo un efecto pernicioso. Atropellaron todas las normativas. En noviembre de 2017 el Ministerio el Interior licitó la obra, sin que se haya transferido el predio, que es municipal, y sin siquiera un estudio de impacto ambiental ni audiencia pública. “Ese acto es jurídicamente inexistente”, señaló a este diario el constitucionalista Antonio Ríos. Y agregó, “ni siquiera se puede considerar nulo, es simplemente inexistente porque el Ministerio no puede atribuirse la facultad de disponer de un predio que no es suyo”. La Municipalidad intentó salvar esta grosería con una ordenanza sancionada en febrero pasado, a destiempo. El acto está cuestionado, el ingeniero Rodolfo Amílcar Paladini pidió su nulidad. En paralelo hay un planteo de amparo ambiental pues no se hizo estudio de impacto ambiental ni audiencia pública, tal como lo establece la Constitución de la Provincia (Art. 226) y la Carta Orgánica Municipal (Art. 8); y en ese mismo sentido también se avasalló la Ley Provincial Nº 5.982 (Art. 10). Y como si fuese poco, está la preocupación por la contaminación. Sucede que la obra -tal como fue proyectada- contempla que en una serie de piletones, a cielo abierto, se hará el tratamiento de los líquidos cloacales que luego se volcarán al río Paraná; no parece muy prometedor, especialmente para quienes decidan habitar en Santa Catalina. Es imposible no advertir que hay un riesgo ambiental, además de actuar en la ilegalidad.s

Bookmark : permalink.
do_shortcode echo ('[WhatsApp]');